El Ayuntamiento de Sevilla precinta la terraza Puerto de Cuba por operar sin licencia

Sevilla
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A pesar de que el pasado 23 de julio el Ayuntamiento emitió una sanción de 4.000 euros a la terraza Puerto de Cuba de la calle Betis por operar sin licencia y ordenó el cierre inmediato de esta discoteca de verano, el negocio ha seguido abierto durante todo el mes de agosto en la misma situación de irregularidad, según han asegurado a este periódico fuentes municipales, por lo que esta madrugada la Policía Local se ha personado en el recinto para precintarlo.

La actuación municipal, realizada por el Servicio de Disciplina Ambiental del Ayuntamiento, partió de una denuncia realizada por los propietarios del restaurante Río Grande, instalaciones a las que pertenece Puerto de Cuba, que está en régimen de alquiler a través de un contrato verbal que los gestores de la terraza de verano mantenían con la anterior propietaria. Los compradores del restaurante llevaron el caso a los tribunales y el juez dio la razón a Puerto de Cuba, que pudo mantener el contrato y que seguía vigente a pesar del cambio de propietario.

Sin embargo, desde Río Grande advirtieron al Ayuntamiento a través de una denuncia de que esta discoteca no tenía licencia y estaba cometiendo una serie de supuestas irregularidades, por lo que los inspectores tuvieron la obligación de personarse y comprobaron «in situ» el pasado 31 de mayo que los hechos denunciados eran ciertos. Por esta razón se incoó un expediente que concluyó que la actividad de Puerto de Cuba «no está legalizada bajo ningún procedimiento administrativo», ya que la licencia de apertura que se muestra en ese momento era la relativa a Río Grande. Sin embargo, el escrito donde se comunica la apertura del expediente recoge que al estar el espacio al aire libre en una zona acústicamente saturada (ZAS) no está permitida la instalación, modificación o ampliación de las actividades de hostelería para amparar la citada terraza.

Los responsables de la terraza siempre han defendido la legalidad de la actividad y aseguran que todo está relacionado con el conflicto con Río Grande, un litigio que ha llegado incluso a la Fiscalía a través de un escrito presentado por los propietarios del recinto contra los inquilinos el pasado 26 de abril en el que aseguran que Puerto de Cuba no tiene suministro eléctrico «y han instalado un generador de electricidad de gasolina, acumulando en el establecimiento garrafas de gasolina para su funcionamiento, que alternan con bombonas de butano; lo que sin duda además de ser ilegal, puede ser causa de un incendio». A esto añaden que tampoco disponen de agua, por lo que la traen en camiones cisterna «con las graves consecuencias higiénico-sanitarias que puede conllevar esta ilegal práctica». Por último, los denunciantes aseguran que «acumulan bolsas de basura que provoca malos olores y atrae a roedores».