La rueda de prensa conjunta de PP y PSOE era inédita en la historia del Ayuntamiento de Murcia. Aquel 2 de octubre, el concejal de Urbanismo, el popular Antonio Navarro, y su predecesor en ese área, el socialista Andrés Guerrero, comparecieron para anunciar que las discotecas arrasadas por el fuego donde murieron 13 personas: carecían de licencia y los funcionarios no ejecutaron una orden de cierre durante año y medio. Tal explicación se les ha vuelto en contra porque las familias de dos de las víctimas mortales han formalizado una denuncia contra Navarro y Guerrero.
EL ESPAÑOL ha accedido al escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia donde se solicita que «tomen declaración en calidad de investigados»: al edil del PP Antonio Navarro y al edil del PSOE Andrés Guerrero, como «responsables de la organización» de la Concejalía de Urbanismo. De ese área dependía la licencia de actividad de Teatre Sociedad Limitada, dueña de la discoteca Teatre y del local contiguo que alquiló para habilitar Fonda Milagros: la sala de ambiente latino donde murieron trece personas durante el terrible incendio del 1 de octubre.
Las familias de los difuntos Leidy Paola y Kevin, una pareja de novios que aquella madrugada salió de fiesta a Fonda Milagros, instan al juzgado a investigar a los dos ediles por supuestos delitos de prevaricación administrativa por omisión. «Mis clientes consideran que el resultado mortal que corrieron sus parientes tiene mucho que ver con la actuación del Ayuntamiento de Murcia, por dejación de funciones y descontrol, al no ejecutar la orden de precinto y cierre que pesaba sobre Teatre Sociedad Limitada», detalla su abogado José Manuel Muñoz Ortín.
Siniestro de las discotecas de Murcia.
Los concejales explicaron en aquella rueda de prensa conjunta que las salas Teatre y Fonda Milagros deberían haber cerrado sus puertas en marzo de 2022, pero Antonio Navarro y Andrés Guerrero dieron a entender que los funcionarios no ejecutaron el precinto de Teatre Sociedad Limitada. De hecho, días después de esa comparecencia, el alcalde de Murcia, José Ballesta, suspendió de forma cautelar a los funcionarios que no precintaron ambas discotecas, permitiendo que siguieran abiertas durante año y medio, hasta que el fuego las arrasó la madrugada del 1 de octubre.
Aquel incendio mató a 13 personas inocentes. Dos de ellas eran Kevin Alejandro Gomez, de 33 años, y su novia, Leidy Paola Correa, de 28 años: una pareja procedente de Colombia, con planes de futuro profesionales y sentimentales. A juicio de sus familiares, sus vidas se vieron truncadas por un fuego que afectó a dos salas que deberían tener bajada la persiana, si la Concejalía de Urbanismo hubiese cumplido la orden de cierre que emitió. De modo que han emprendido acciones legales contra las supuestas irregularidades cometidas por sus dos últimos inquilinos.
En su denuncia, el letrado José Manuel Muñoz Ortín primero empieza atacando la labor de Andrés Guerrero: el concejal del PSOE que durante la pasada legislatura era titular de Urbanismo. Este edil se encargó -el 10 de enero de 2022- de dictar una orden de cese de actividad contra Teatre Sociedad Limitada. La citada orden se emitió después de que la mercantil solicitara dividir la nave industrial que regentaba, para alquilársela a una familia colombiana que gestionaría una sala latina: Fonda Milagros.
Urbanismo consideró que esa modificación «era sustancial» porque afectaba a tres naves y obligó a Teatre Sociedad Limitada a tramitar «una nueva licencia de actividad». En enero de 2022 se decretó el cese de la actividad del local porque la documentación presentaba por esa mercantil no era exigida por el Ayuntamiento y se ordenó a los servicios de inspección proceder al cierre de ambos locales, pero nunca se ejecutó la famosa orden.
Un cartel de una fiesta de Fonda Milagros difundido por redes sociales el 17 de junio de 2021.
De modo que el abogado pide el juzgado que cite al edil del PSOE para interrogarle por esto: «Don Andrés Francisco Guerrero, si bien actuó adecuadamente dictando la orden de precinto y cierre, [pero] no procedió a la verificación de su ejecución, constituyendo tal actuación una obligación suya el control de la ejecución de las resoluciones que dictan en su concejalía». Tras las elecciones, el PP recuperó la Alcaldía y el área de Urbanismo recayó sobre el edil popular Antonio Navarro que supuestamente tampoco ejecutó el cierre, a pesar de que la división de la nave se llevó a cabo con una pared de pladur y Teatre y Fonda Milagros anunciaban sus fiestas -cada semana- por redes sociales.
«Don Antonio Navarro Colchón es directamente responsable de revocar las directrices e instrucciones que establecían los criterios sobre la normativa que regulan las licencias, provocando una ausencia de criterios que permitían la total arbitrariedad en el funcionamiento del servicio», según argumenta el letrado. «Es también responsable por no haber dictado la orden de cierre de Teatre, dadas las irregularidades reiteradas de la misma en el tiempo, habiendo permitido que funcionara como dos discotecas, una en la que se ubicaba la propia Teatre y otra la del local adyacente, pues había informes técnicos en su mandato que ponían de relieve esa circunstancia».
En su denuncia, el abogado José Manuel Muñoz Ortín solicita que el actual alcalde acuda a la Ciudad de la Justicia a prestar declaración: «Que se tome declaración en calidad de testigo a Don Jose Ballesta Germán, alcalde del Ayuntamiento de Murcia, puesto que por la omisión en que ha incurrido al ocultar desde un principio que la sala Teatre carecía de licencia y había una orden de cierre y precinto, implica que dispone de información relevante respecto de los hechos acontecidos».
La denuncia no solo insta al juzgado a que se investigue a los dos concejales Guerrero y Navarro, sino que también dirige su acción legal contra los funcionarios que presuntamente no precintaron Teatre Sociedad Limitada en marzo de 2022: «Que se le tomen declaración en calidad de investigados a los dos funcionarios, jefes de Servicios de Intervención y Disciplina Urbanística y de Servicio Técnico de Obras y Actividades que han sido suspendidos de forma cautelar de sus funciones».
Los clientes desalojados de la Discoteca Teatre filman cómo las llamas devoran la cubierta de la sala.
El letrado explica a EL ESPAÑOL que los familiares de los difuntos Kevin y Leidy Paola han presentado esta denuncia, para que el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia «abra una pieza separada», dentro de las diligencias que tiene abiertas por 13 delitos de homicidio imprudente, para esclarecer la causa del incendio y dónde se declaró el fuego aquella trágica madrugada: en la Discoteca Teatre o en la Fonda Milagros. «En este caso existe una responsabilidad civil subsidaria del Ayuntamiento de Murcia», tal y como sostiene Muñoz Ortín.
De momento, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha iniciado una investigación para determinar si hubo o no, una responsabilidad penal y civil del Ayuntamiento de Murcia en el incendio de las dos discotecas de la zona de ocio de Atalayas.
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