El debate sobre la falta de medios y recursos en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo, en toda la costa andaluza lleva siendo un asunto de constante actualidad y discusión desde hace años. Y más aún desde que el 9 de febrero de 2024 unos narcos acabaron con la vida de dos guardias civiles en Barbate arrollándolos con una potente planeadora mientras que ellos intentaban controlarlos en una zódiac que apenas superaba los seis metros de eslora. Pero antes y también después, las persecuciones, las embestidas y los enfrentamientos armados no han dejado de sucederse. Y en este tiempo los medios continúan siendo, según denuncian repetidamente los sindicatos, «los mismos».
Desde el Ministerio del Interior responden siempre a estas críticas y demandas con números y sumas de inversión y resultados del Plan Especial del Campo de Gibraltar y el Plan Carteia, sin embargo, desde el terreno los agentes insisten una y otra vez que no está siendo suficiente y que las explicaciones del Gobierno se sujetan en cifras infladas e irreales.
Y en este sentido poder tener más y mejores medios en la batalla diaria contra el narcotráfico es una demanda continua. Además de por obtener mejores resultados, por proteger a todos los que forman parte de ese cara a cara que es cada vez más violento.
Ahora, un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas vuelve a confirmar que esas demandas de recursos están justificadas detallando los déficits que existen actualmente en la Guardia Civil. En el ‘Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023’ al que ha tenido acceso este periódico, se hace un repaso de la situación en cuanto a medios terrestres, marítimos y aéreos. Y también sobre armamento.
«Modelos desfasados» y más coste de mantenimiento
Donde el informe es más demoledor es en lo relativo a los recursos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, las patrulleras que persiguen a las ‘gomas’ por el Estrecho o la desembocadura del Guadalquivir, o toda la zona de la Janda en Cádiz, en Huelva, Almería, Málaga… Según el órgano esta unidad «afronta una situación en la que, a principios de 2025, el 47 % de las embarcaciones estaban operando más allá de su periodo teórico de vida útil». Ello implica -incide- «limitaciones en la operatividad del servicios, derivada de la antigüedad, que conduce a operar modelos con diseños desfasados», remarca.
Además, añade el informe, esta circunstancia lleva «a problemas mecánicos de las naves y a un incremento de los costes de mantenimiento (15,6 millones de euros en 2023), agravado por la falta de estandarización de los modelos, que ocasiona mayor dificultad en la obtención de repuestos, muchos de ellos fuera de los catálogos actuales». Al mismo tiempo las embarcaciones más antiguas son menos eficientes en consumo de combustible, lo que supuso 9,6 millones de euros en 2023.
La antigüedad de las patrulleras llevan además a un incremento de coste por reparaciones y mayor consumo de combustible, sostiene el informe
«Se necesita un esfuerzo inversor»: el 83% de las patrullas han superado su vida útil
El Tribunal de Cuentas también sostiene que un 83 por ciento de estas embarcaciones, «imprescindibles para el desarrollo de la vigilancia», han superado su periodo de vida útil, «una circunstancia que ha determinado un porcentaje de inoperatividad muy elevado (que supera el 40 % en 2024 en el 50 % las unidades de esa categoría).
Además -añade el informe-, «determinadas demarcaciones sufren en mayor medida estas dificultades, ya que, en dos de ellas, los tiempos de inoperatividad del conjunto de sus embarcaciones han llegado a alcanzar el 30 % en 2024. Esta realidad evidencia la necesidad de mantener un esfuerzo inversor que permita disponer de una flota en las condiciones de operatividad necesarias», concluye.
En relación a cómo se adquieren estas patrulleras y con qué fondos y presupuestos, el Tribunal de Cuentas explica que antes de 2024, la planificación de inversiones del Servicio Marítimo se correspondía con la documentación del Plan Anual de Contratación de la Dirección General de la Guardia Civil. En 2024, sin embargo eso cambió y se aportó un Plan de Acción de Renovación de la Flota suscrito por el oficial jefe del Servicio, que fue actualizado en 2025. En dicho documento, se detallaba un Plan de Reposición a siete años, partiendo de 2023, con una inversión estimada en torno a los 150 millones de euros y con la propuesta de dar de baja 29 embarcaciones con la vida útil superada.
Financiación externa para las patrulleras, no aconsejable
Sin embargo, como advierte el órgano, la previsión económica de este Plan se sustentaba en la obtención de fuentes de financiación adicionales a las ordinarias de la Dirección General de la Guardia Civil, ya que las obligaciones reconocidas en inversión nueva ascendieron a 0 euros en 2022, 15,3 millones en 2023 y 19,16 millones en 2025, siendo el coste estimado de un buque oceánico de 35 millones de euros por unidad y el de un patrullero de altura, 3 millones de euros.
Un 55 % de las embarcaciones han sido adquiridas con financiación parcial, e incluso total de otros entes (FRONTEX, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, órganos del Ministerio para la Transición Ecológica), y, entre los años 2021 y 2024 se han identificado 42.665.087 euros procedentes de distintos instrumentos financieros de la Unión Europea para cofinanciación de embarcaciones de la Guardia Civil, que supusieron entre el 75 y el 90 % del coste de diversas unidades.
Como detalla el informe, esta financiación externa no es aconsejable ya que, según explica, ha implicado que el tiempo de la utilización de las naves quede condicionado en proporción a la financiación aportada, aun cuando sea desarrollar misiones en áreas ajenas a las aguas territoriales o de interés directo de España. Además, las embarcaciones proporcionadas por la Secretaría General de Pesca deben asignarse a misiones de vigilancia relacionadas con el sector pesquero de acuerdo con los acuerdos suscritos.
Coches patrulla con una antigüedad de 10 a 15 años
Pero además de analizar los recursos de la unidad del Servicio Marítimo, clave en la lucha contra el narco, el Tribunal de Cuentas también recala en el estado de los vehículos, los coches patrulla que también son fundamentales para poder garantizar la seguridad ciudadana sea contra el narcotráfico o en cualquier otra área delictiva.
Y en esta parcela, el órgano desvela que en cuanto al estado y composición del parque móvil de la Guardia Civil, de acuerdo con los datos analizados, las unidades que lo integran tenían a fin de 2024 una antigüedad en promedio de 9,65 años, al margen de vehículos especiales y de transporte de personas, que tienen unas características específicas (cuya antigüedad en promedio llega hasta los 12 años).
A este respecto, a 31/12/2024 se ha calculado que 1.894 turismos (un 21 %) y 1.644 vehículos todoterreno (26 %) tenían más de 300.000 kilómetros recorridos o su antigüedad era superior a 15 años, por lo que, como vuelven a insistir, procede «valorar su reemplazo a tenor de su antigüedad, kilometraje o estado de conservación». En este sentido asegura que ya la Inspección Personal y Servicios de Seguridad «identificó en sus informes con carácter recurrente que la antigüedad y el kilometraje de los vehículos distaba de ser óptima para el servicio (más del 90 % de los informes emitidos, 70)».
En el documento, el Tribunal de Cuentas explica que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) permitió renovar la flota tras la pandemia, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Sin embargo cree que no fue equilibrada entre ambos cuerpos: la Policía Nacional recibió 2.659 nuevas patrullas y la Guardia Civil 1.596 unidades. Aún así, el órgano también advierte que en la Policía Nacional el estado de las patrullas tampoco es el más óptimo ya que un tercio de los coches tiene más de 100.000 kilómetros y más de la mitad supera los cinco años.