En 1989, mucho antes de que el barrio de Goya en Madrid se convirtiera en una zona de bares y fiesta en torno al WiZink Center, una comunidad de vecinos tuvo la cautela de protegerse para que no les instalaran una discoteca en su patio interior. Acababa de cerrar la Sala X en los bajos del edificio, en la calle Fuente del Berro 29, y los vecinos temían que el empresario chino Cheng Xiao Tong destinara el inmenso local subterráneo a una discoteca. Por eso acordaron con él por escrito que solo abriría ahí un restaurante. Treinta y un años más tarde aquel viejo documento amarillento es su mejor protección contra Eugenio Gurumeta, un empresario de ocio que olió la oportunidad de abrir un negocio junto al cuarto recinto mundial de conciertos en número de tickets.
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Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid consultada por este periódico dio la razón hace dos semanas a los vecinos, un alivio para ellos porque en paralelo y desde 2017 sostienen una batalla ante el Ayuntamiento para que no le conceda la licencia a Gurumeta.
“Nos ha dado vidilla porque lo veíamos más negro que la pez”, dice José María López Moya, un vecino de 58 años que vive en el edificio desde 1971. Algunos residentes de segunda generación como él le dan las gracias a sus padres por ser tan previsores. También respiran aliviados los vecinos de los otros seis edificios de pisos que dan al patio común. Esta victoria judicial en la Audiencia Provincial llega después del mazazo de una derrota en el juzgado de primera instancia.
En los años 80, los residentes de Fuente del Berro 29 veían con disgusto que sus bajos albergaran un cine que emitía películas como Vicio en el Planeta Eros o Colegialas ardientes de sexo. El porno había sustituido a los éxitos de Hollywood del antiguo cine Felipe II, pero al menos la clientela no armaba ruido. Entraban de forma discreta, muchos a hurtadillas.
Peor fue la pelea que se avecinaba. El empresario chino, que se hizo con el local en julio de 1989, comenzó unas obras subterráneas para adaptar el antiguo cine. Diseñó un espacio amplio con tres plantas y 1.304 metros cuadrados. Era ideal para una discoteca, pensaron los vecinos.
Para curarse en salud, el 21 de noviembre de 1989 se reunieron los 12 propietarios, entre ellos Cheng. Acordaron que, a cambio de validar las obras hechas por éste a espaldas de la comunidad, él solo abriría un restaurante. Estos pactos que limitan el derecho de la propiedad para proteger a la comunidad son comunes, según Inmaculada Vivas Tesón, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Aunque el Ayuntamiento hipotéticamente le diera una licencia de discoteca a Gurumeta, prevalecen los acuerdos de los vecinos. «Por ejemplo, una comunidad de propietarios puede impedirle a un vecino que tenga en casa un perro potencialmente peligroso, aunque tenga todas las licencias en regla», dice Vivas Tesón.
Los vecinos de la calle Fuente del Berro 29, casi todos jubilados o próximos a retirarse, guardan el documento escrito a máquina, ya amarillento, en un mueble de su sala de reuniones. No estaba inscrito en el Registro de la Propiedad pero los magistrados de la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid han dicho que no era necesario en este caso, ya que el propietario del local sigue siendo el mismo, Cheng. El empresario que se lo alquiló, Gurumeta, fue diligentemente avisado. Cuando contactó a los vecinos en enero de 2017 para informarles de sus negociaciones para alquilar el local, rápidamente le avisaron por burofax de que la única explotación posible era la de restaurante.
Desayunos con jazz
Gurumeta dice que no va a dar su brazo a torcer. Va a recurrir al Supremo y dice que en caso de perder no descarta abrir un restaurante, como permite el acuerdo de 1989, pero añade, que sería un «restaurante con espectáculos», un tipo de actividad catalogada con ese nombre en las normas madrileñas y que según él encajaría dentro de ese pacto.
Gurumeta, de 59 años, está al frente de Tropos, una agencia con 25 años de experiencia en los que han organizado más de 5.000 espectáculos y más de 2.000 eventos, según su web. Tras firmar el alquiler con Cheng no perdió tiempo para anunciar en Internet el futuro local, el Espacio Tropos. En la web colgó los planos del espacio, con capacidad para 800 personas en cuatro salas (Kamaloo, Lemur, Chrysalis y Octopussy). Los vecinos no tenían dudas de que el empresario buscaba captar al público del WiZink Center cuando acaban los conciertos tras la medianoche. El recinto con capacidad para 17.453 espectadores celebra eventos y conciertos casi la mitad de días del año: 164 en 2019, entre ellos Rosalía, Juan Luis Guerra o Daddy Yankee.
Él lo niega. Asegura que ha cambiado de planes y lo que realmente tiene en mente es celebrar comidas de empresa. «Quiero por ejemplo dar de desayunar a una empresa de ascensores», le dice a este periódico. «Evidentemente cuando tienes un cóctel quieres tener música ambiente, a lo mejor un grupito de jazz…».
A los vecinos les preocupa que el Ayuntamiento parece más favorable a los intereses de Gurumeta desde que llegó el equipo de José Luis Martínez-Almeida. Gurumeta solicitó la licencia sin éxito a la Agencia de Actividades seis veces en 2017 y 2018. Rápidamente fueron denegadas. Pero ahora, la solicitud que envió en marzo de 2019, sigue en fase de estudio y cuenta con un informe favorable de los técnicos de Urbanismo. En este último intento, Gurumeta solicita licencia para un “auditorio con bar/restaurante asociado”, un término que asusta a los vecinos. Demasiado tienen ya con el ruido del WiZink que, dicen, hace temblar los cuadros de sus paredes.
Gurumeta sigue confiado en que se saldrá con la suya. Él se define como “un hombre lleno de planes que se suelen cumplir”. Por si acaso, los vecinos no han quitado de sus fachadas las pancartas contra la sala de fiestas de sus pesadillas.
¿Batalla ganada?
El empresario derrotado, Gurumeta, dice que va a recurrir ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial del 26 de enero pero sus opciones son limitadas. Podría ejercitar el recurso de casación, pero el Supremo ha dicho que este no es una excusa para acceder a una tercera instancia judicial. Solo sería admisible si se ajusta a uno de los escasos supuestos, como por ejemplo que Gurumeta demuestra que hay jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre casos como el suyo.
Si fuera admitido el recurso, el pleito podría durar varios años más. Entre tanto, los vecinos pueden pedir que no se abra la sala de fiestas.
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