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A lo largo de las dos últimas semanas ha crecido la preocupación de los cargos políticos de las principales instituciones isleñas y de los mandos policiales de Baleares por la proliferación de botellones y de fiestas ilegales en distintos enclaves del Archipiélago. A dichas celebraciones habría que añadir también situaciones de aglomeración en varios chiringuitos playeros. Esas actuaciones no sólo han incumplido en mayor o menor medida la normativa de seguridad actualmente vigente, sino que además han supuesto una posible vía de propagación de nuevas infecciones del Covid-19.
En ese contexto, la consejera de Administraciones Públicas del Gobierno balear, la socialista Isabel Castro, ha anunciado este jueves que a partir de este próximo fin de semana empezarán a trabajar, de manera coordinada, equipos interdisciplinares que inspeccionarán y levantarán acta de las aglomeraciones de personas que no cumplan las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias.
Los citados equipos multidisciplinares estarán integrados por inspectores autonómicos de diferentes consejerías y por inspectores de los consells insulares con competencias delegadas en Turismo, que estarán acompañados por operativos policiales conformados por agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las diferentes policías locales. «Todas las administraciones públicas tenemos el objetivo común de mantener los límites a las grandes aglomeraciones, ya sea en espacios públicos o privados, para evitar la propagación del virus», ha recalcado Castro.
Los primeros casos
Cabe recordar que en los dos últimos fines de semana de junio habían sido detectados en Palma de Mallorca botellones en los polígonos industriales de Son Castelló, Son Rossinyol y sobre todo Can Valero, con la participación de centenares de jóvenes, la mayoría de ellos de entre 20 y 30 años de edad. Los efectivos policiales constataron que decenas de chicos y chicas consumían alcohol y bailaban en la vía pública, sin guardar las distancias de seguridad ni usar las preceptivas mascarillas. Para intentar evitar la repetición de imágenes de ese tipo, el pasado fin de semana la Policía Nacional y la Policía Local iniciaron un dispositivo conjunto de vigilancia, que se saldó con el levantamiento de decenas de actas como paso previo a una posible sanción.
Por lo que respecta a la isla de Ibiza, en la madrugada del pasado 28 de junio fueron desalojadas unas 130 personas que participaban en una fiesta privada en la discoteca Amnesia, ubicada en el municipio de Sant Antoni. El propietario del local, que fue denunciado, alegó que se trataba de una fiesta de cumpleaños. Cabe recordar que la mayoría de discotecas de las Islas pueden abrir sus puertas este verano, si bien bajo determinadas condiciones de seguridad, que presuntamente no se habrían cumplido en este caso. Al parecer, la mayoría de los asistentes a la citada fiesta no llevaban mascarilla ni guardaban la preceptiva distancia de seguridad.
Otras situaciones conflictivas se habían dado en el municipio mallorquín de Calviá, coincidiendo con el inicio de la temporada turística. El pasado 1 de julio hubo ya una primera denuncia, en un bar de la zona de Peguera frecuentado sobre todo por turistas alemanes, por un presunto incumplimiento de las medidas de seguridad actualmente vigentes para hacer frente al coronavirus. Al parecer, la mayoría de clientes que se encontraban en la terraza del citado local, que podrían ser más de cien, no llevaban mascarilla ni respetaban la preceptiva distancia. Por su parte, los dueños del citado establecimiento explicaron al diario «Bild» que sí habrían adoptado todas las medidas sanitarias hoy exigidas, como por ejemplo la de contar con gel desinfectante o la de que haya una distancia de un metro y medio entre las mesas.
Temporada turística
Cabe recordar que en Peguera la mayoría de turistas suelen ser alemanes, a diferencia de lo que ocurre en la zona más conocida de Calviá, Magaluf, cuyos visitantes suelen ser de origen británico. Precisamente, fue también en Calviá en donde el pasado sábado al mediodía hubo una nueva intervención policial, en ese caso en la Costa de la Calma, para clausurar una fiesta ilegal con drogas en la que participaban un centenar de trabajadores de temporada de Magaluf. La Policía Local de Calviá constató que dicha fiesta no contaba con la preceptiva autorización ni con licencia. Además, las personas reunidas en esa celebración no cumplían las mencionadas medidas sanitarias de seguridad.
Por último, cabe destacar también que una finca privada del municipio mallorquín de Sa Pobla acogió una fiesta ilegal con música y baile desde la noche del pasado sábado hasta la mañana del domingo. La citada celebración reunió a unas doscientas personas, que no llevaban mascarillas ni guardan la preceptiva distancia social. Los vecinos de las fincas colindantes avisaron a la Policía Local y a la Guardia Civil, que levantaron varias actas por las presuntas infracciones cometidas. En ese sentido, tanto los promotores de la citada fiesta de Calviá como los organizadores de la celebración de Sa Pobla podrían ser multados en breve con severas multas.
Más allá de la creación de los mencionados equipos multidisciplinares para controlar fiestas y botellones, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha anunciado también este jueves que prevé aprobar mañana una resolución en la que se obligará a llevar mascarilla a cualquier persona mayor de seis años de edad, aunque se respete la distancia social. En cuanto al régimen sancionador para los posibles incumplidores, el hecho de no llevar la mascarilla en donde sea obligatorio será sancionado con una multa máxima de cien euros. Además, el Govern ha fijado el número máximo de personas que se podrán reunir a partir de ahora en las celebraciones privadas, que serán 70 en las fiestas al aire libre y 30 en espacios cerrados. En principio, estas nuevas disposiciones se prolongarán a lo largo de todo el verano.
Baleares toma medidas ante la proliferación de fiestas ilegales y botellones en diversos municipios isleños es un contenido original de ABC.es