Los organizadores habían vendido ya las 2.600 entradas y habían comenzado el montaje de carpas a pesar de no tener licencia
Miriam Villamediana
Bilbao
Después de dos años sin fiestas de fin de año, los cotillones prometían llegar con fuerza para despedir 2022. En Vitoria se había organizado uno multitudinario en el que se iban a reunir 2.600 personas. Los jóvenes habían pagado 35 euros por las entradas más baratas, pero se acaban de quedar sin plan para despedir el año.
El Ayuntamiento de la capital alavesa ha anunciado este lunes que no va a autorizar el ‘macrocotillón’ previsto en el polígono de Júndiz. En un comunicado, el Consistorio ha explicado que han tomado esta decisión porque la fiesta «incumplía» muchos de los requisitos exigidos para organizar un evento de esa magnitud.
El concejal de Planificación y Gestión Ambiental, César Fernández, ha explicado que el Ayuntamiento está obligado a velar porque cualquiera de las fiestas de Nochevieja cumplen con «las garantías de seguridad y acústicas». El problema del cotillón multitudinario ahora cancelado es que los organizadores presentaron «tarde y mal» la documentación necesaria para gestionar los permisos.
Además, habían empezado el montaje de las carpas donde debía celebrarse la fiesta «sin licencia y a sabiendas de que no estaban cumpliendo». «Exigimos responsabilidad para evitar sucesos como los que a todos no pueden venir a la cabeza», ha insistido Fernández que ha pedido «no jugar» con la seguridad de las personas.
Y es que, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, en la fiesta vitoriana se han detectado incumplimientos en materia de accesibilidad, medidas higiénico-sanitarias, seguridad o protección contra la contaminación acústica. Tampoco habían presentado un plan de movilidad que explicara cómo se iba a facilitar el traslado y el regreso de las 2.600 personas que iban a acudir a la fiesta.
Además, al no presentar la documentación completa, tampoco se ha podido obtener el informe de Juego y Espectáculos que es obligatorio en aforos de más de 700 personas. «Lo mismo ha ocurrido con la ausencia de documentación completa que debían presentar a la Ertzaintza y la Policía Local», precisan en el comunicado.