Las discotecas Shoko, Pachá, Opium y Carpe Diem, ubicadas en el barrio de la Barceloneta de Barcelona, frente a la playa del Somorrostro, siguen abiertas pese a que su concesión terminaba ayer, según el Ayuntamiento. El futuro de estos cuatro locales depende de un convenio de cesión de la franja litoral de Barcelona que tienen pendiente firmar el consistorio y el Ministerio de Hacienda. Pero el retraso en la formación del Gobierno español ha impedido cerrar el acuerdo. Hacienda asegura que la concesión acaba el día 27. Los locales lamentan su situación de incertidumbre y aseguran que el Estado no ha contactado con ellos.
Durante el mandato pasado, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau negoció con el Ministerio de Hacienda —primero con el PP y después con el PSOE— que una vez acabada la concesión de estos locales, el espacio se destinaría a la ampliación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que tiene una de sus sedes al otro lado de la carretera del Paseo Marítimo. Ambas administraciones se mostraron conformes con la decisión, pero no llegaron a cerrar el acuerdo.
El consistorio afirma que el fin de la concesión vencía el 21 de junio, pero el Ministerio de Hacienda mantiene que la cesión acaba seis días más tarde, el 27 de junio. Un portavoz de Patrimonio del Estado asegura que “las conversaciones se mantienen”. Mientras, los empresarios de las cuatro discotecas —destinadas mayoritariamente al público turista— han programado actuaciones musicales hasta octubre. Fuentes municipales entienden que el Estado, “con toda probabilidad”, hará una ampliación temporal de los alquileres a los empresarios del ocio hasta que el Gobierno español esté constituido y pueda firmarse el convenio definitivo.
Los periodos electorales y las dificultades para formar gobierno han jugado a favor de unos centros de ocio cuya facturación depende de la llegada de turistas deseosos de ocio nocturno en primera línea de playa. Los empresarios, a través de una portavoz, aseguran ser “víctimas” de un Consistorio que, dicen, pretende cerrar sus negocios y aseguran que el Estado no se ha puesto en contacto con ellos.
La razón por la que el Estado es propietario de estos locales y los tiene cedidos en concesión proviene de la época preolímpica. Concretamente del año 1989. Entonces la línea marítimo-terrestre, de titularidad estatal, discurría varios centenares de metros dentro de la ciudad. La Dirección General de Puertos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo cedió a la sociedad que construyó la Vila Olímpica SA parte de la citada línea para construir el barrio en el que residieron los atletas durante los Juegos Olímpicos de 1992. Y además de los pisos se cedieron, por 30 años, varios terrenos para permitir su urbanización. Entre ellos, el paseo Marítimo. El Ayuntamiento, a su vez, negoció con otras sociedades la urbanización de esta zona de la Barceloneta a cambio de ceder la gestión comercial de los locales, donde hoy se encuentran las discotecas, hasta que finalizara la concesión en 2019.
El Ayuntamiento y el Estado llevan años negociando la propiedad de toda la línea marítima-terrestre. De hecho, según la misma fuente municipal, antes de las elecciones había un principio de acuerdo para que el Estado repliegue sus posesiones hasta la misma línea de playa.
Cesión municipal
La actual la línea mide 38 hectáreas que van en línea recta desde el Hospital del Mar hasta la plataforma de lo que tenía que ser el Zoo Marino. En esta franja además de las discotecas está la pista de atletismo de la Mar Bella: es municipal pero los terrenos son del Estado y la concesión está a punto de caducar.
El preacuerdo que se alcanzó antes de las elecciones y que está pendiente de firmar daba al Consistorio la titularidad de los viales, las zonas verdes y los equipamientos de la zona (unos espacios que el consistorio ha mantenido desde la época olímpica).